En Entrevistas

Si alguien ha vivido la negociación del nuevo período del Programa de Desarrollo Rural y el ajuste de la nueva normativa, es Jose Luis Castellano. En estos momentos, se ultiman los detalles para que en el período 2023-2027, se sigan implementando los retos de nuestra agricultura.

-¿Qué va a suponer el próximo Programa de Desarrollo Rural (PDR) para Aragón?

-El principal cambio se sitúa en que la Unión Europea decide los objetivos y cada país implementa qué medidas va a poner en marcha para alcanzarlos. Por tanto, se pretende no discutir tanto de dinero sino de cómo los países distribuyen esos fondos según los objetivos que se piden.

Desde Europa se fijan las metas generales. Esto implica que las medidas exigidas se van a lograr, no a través de incentivos económicos, sino de obligaciones normativas. Cada país contará con un plan estratégico nacional y, en el caso de España, cada una de las Comunidades Autónomas  podrá concretar las medidas dentro de ese marco general. 

Por otra parte, la respuesta que el sector agrario tiene que dar se encuentra, cada vez, más ligada a criterios ambientales y sociales. Y nos encontramos con la obligación, de cara  al futuro, de orientar al sector para que nuestra agricultura sea viable económicamente y, a su vez, responsable con el  medioambiente. 

-Pero a partir del marco general cada comunidad tiene su parcela de trabajo y va a gestionar una serie de recursos, ¿cómo queda Aragón?

-En el ámbito cuantitativo no se han cambiado los criterios de distribución de fondos. Todas las comunidades autónomas quedamos igual. Si bien, Aragón, va a recibir más dinero de parte del Ministerio para contribuir a la cofinanciación de los fondos. Es decir, en este periodo la UE costea un 43% de la inversión como regla general y el resto, el estado miembro. Este porcentaje se divide a su vez entre la aportación del Ministerio y de la comunidad y es aquí donde el Ministerio se ha comprometido con más dinero. 

En cuanto a las medidas del PDR, Aragón continúa con capacidad de decisión, siempre que tenga la vista puesta en esos objetivos.  En general, puedo asegurar que abordaremos más intervenciones en medioambiente; aunque las medidas que van a obtener un mayor peso sean las relacionadas con el asesoramiento y la gestión de las explotaciones agrarias. Hemos de tener en cuenta que, en muchos ámbitos y para tener acceso a esos fondos, el agricultor debe cumplir directivas cada vez más exigentes. Aquí reside uno de los motivos por los que, en Aragón, pensamos que es imposible el desarrollo de una actividad económica agraria sin profesionalización. Ante una complejidad tan elevada, se requiere una verdadera especialización por tanto, resulta imprescindible el apoyo profesional.  

Otros temas a tener en cuenta son, por una parte el incremento del 50% en mejoras de regadío-no en creación- y el esfuerzo que vamos a poner tanto en la agricultura ecológica como en los grupos de cooperación. En estos dos sectores duplicamos el presupuesto.

-¿Qué hay de las cláusulas sociales?

La aplicación va a ser posterior y supone que los agricultores que reciban ayudas de la PAC no deberán tener procesos de sanción ni en el ámbito laboral, ni irregularidades de contratación.

-Hay una medida, la 19, que de alguna forma se relaciona con el desarrollo del mundo rural en otras acciones que no sean derivadas directamente de la agricultura y ganadería.

-Se mantiene la aportación a esta medida. En este periodo, 2023-2027, con el LEADER tenemos todos que hacer un esfuerzo para incrementar la eficiencia de las acciones porque la carga burocrática ha crecido y no queremos que eso merme la cuantía de las subvenciones que se otorgan. Sin duda, el trabajo de los grupos de acción local complementan la creación de empleo entre la agroindustria y la agricultura y la ganadería.

-Ha hablado de desarrollo normativo, el nuevo periodo requiere legislación pero el periodo empieza ya…¿va  dar tiempo?

La próxima campaña agrícola se va a financiar con cargo al nuevo periodo de programación y en la próxima siembra ya habrá nuevas obligaciones que quizá no se hayan aprobado. Hemos hablado ya de esto con el Ministerio, y por eso se han previsto 19 normas que, a nivel nacional, tienen que aprobarse este año. Haremos este esfuerzo, y sobre todo, nos comprometemos a que el sector conozca las exigencias. 

En este nuevo periodo, los países miembros nos vemos obligados a desarrollar más legislación porque ahora los reglamentos europeos de la PAC ya no llegan al detalle. Como he dicho antes, se centran más en los objetivos que en cómo llegar a ellos por lo que parte que la regulación normativa comunitaria pasa a ser regulación nacional.

También resulta factible que puedan aparecer diferencias entre estados miembros al no legislarse desde el órgano más alejado al ciudadano,  sino en una administración más cercana. 

-¿Dónde ve a Aragón?

-El debate de la PAC ha sido un debate de territorio, no de partidos políticos. El tamaño de las explotaciones en Aragón, y en general en el norte de España, supera al tamaño de las explotaciones del sur donde operan más empresas. Para seguir manteniendo este modelo debemos evitar inversiones alejadas del territorio. No cabe duda que en Aragón tenemos un modelo de agricultura con  futuro pero que debe saber adaptarse a los nuevos retos. Por todo esto, estamos debatiendo la Ley de Agricultura Profesional y Familiar porque si queremos un modelo propio hay que apoyarlo y eso se consigue también con normativa, no sólo con dinero. 

 

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