En Entrevistas

 

Ignacio Zarazaga, Jefe de Servicio de Industrialización Agroalimentaria, lleva desde abril de 2019 al frente del área del Programa de Desarrollo Rural vinculada con las industrias agroalimentarias. Licenciado en veterinaria y con un posgrado en ingeniería, destaca como reto la gestión eficiente de los recursos económicos para conceder ayudas a la industria.

Todo un reto por delante, la agroindustria y la línea de ayudas dentro del Programa de Desarrollo Rural.

Es un servicio importante dentro del Programa de Desarrollo Rural. Por su importancia estamos también sujetos a las diferentes auditorias, frente a las que tenemos que defender los proyectos y las ayudas. 

¿Es necesario un control tan minucioso?¿No puede verse como un exceso de burocracia?

Hay que ser absolutamente exquisitos en un procedimiento con el que se financian tantos proyectos empresariales. El que además se haga en un sistema de concurrencia competitiva, en el que unas empresas por tener mayor puntuación obtienen los recursos frente a otras, hace que la adjudicación de recursos deba ser absolutamente transparente. 

En cada expediente debe estar contrastada la valoración de cada uno de los apartados a considerar. Cualquier modificación obliga a revaluar todo el expediente, para comprobar que mantiene las condiciones de elegibilidad, es decir, que el rigor es muy alto por parte de la administración.

19 millones de euros de ayudas en 2020…

Esa cifra corresponde a la ultima convocatoria. En el año 2019 eran 30,3 millones. Es necesario tener en cuenta que los proyectos son plurianuales, como las ayudas. La convocatoria de este año se pagará a las empresas en los cuatro próximos, conforme se vayan ejecutando las inversiones y se certifiquen. Esta es la última convocatoria de ayudas de este período.

Ahora el reto está en la cuantía del próximo período 22-27, que está en debate.

Estas ayudas por el sector de destino, son estratégicas para vertebrar el territorio.

Sí. Esa capacidad de vertebración puede verse en la creación de empleo, donde se ha computado un total de 3.175 puestos de trabajo en este período. En este sentido, creo que las ayudas deberían destinarse a aquellos proyectos capaces de prosperar y crecer con ellas.

Son unas ayudas que, desde el sector, cada año las esperan «como agua de mayo». Además, en su reparto son transversales, en el sentido que alcanzan a todos los sectores: piensos, las cárnicas, lácteos… y de cualquier empresa que genere valor añadido en la agroindustria.

En este periodo ¿cuál ha sido la aportación de la inversión privada?

Los poco más de 130 millones de euros en ayudas, se corresponden con una inversión total  de 754 millones de euros por parte de las empresas. Es decir, por cada euro que invertimos en ayudas, las empresas privadas aportan de media 5,8 €.

Estamos hablando además de 785 solicitudes y 397 expedientes o empresas. 38 beneficiarios han recibido más de dos ayudas, un aspecto que a lo mejor habría de mejorarse en el siguiente periodo, para dar acceso a más expedientes.

Existen proyectos que, por su tamaño, generan solicitudes cada año al estar en una inversión permanente.

¿Qué se plantea para el siguiente periodo?

El siguiente periodo está en fase de debate. Hay que ver si los objetivos que plantean y las necesidades son correctas. Hay un debate también abierto sobre el enfoque, porque no es lo mismo subvencionar inversiones que plantear ayudas en instrumentos financieros como los tipos de interés. 

¿Un nuevo enfoque?

Sí, el nuevo enfoque podría ir más al tema de la comercialización del producto, no solamente generar inversiones sino vender el producto, abrir nuevos mercados… ese es uno de los retos de nuestra agroindustria. Igual de importante es producir que vender.

Hay un cambio de modelo importante al pasar de tener un plan estratégico por comunidad a tenerlo nacional.

El plan estratégico nacional debería comenzar el 1 de enero de 2022. El objetivo es conseguir una agricultura profesional, con agricultores independientes.

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