Ana Belén Martín Buil, jefa del Servicio de Infraestructuras Rurales del Departamento de Agricultura de Gobierno de Aragón, analiza en esta entrevista los avances y retos en materia de modernización de regadíos. En el marco del PEPAC 2023-2027, Aragón invierte en nuevas actuaciones en esta área con el objetivo de mejorar la eficiencia de las explotaciones y contribuir al desarrollo del medio rural.
¿Qué representa haber asumido la jefatura de un servicio tan amplio y vinculado al desarrollo del sector agrario en Aragón?
Supone una gran responsabilidad por la relevancia que tiene la política de regadíos en Aragón, donde el 90% del territorio se considera medio rural y donde el regadío es clave para aumentar la rentabilidad de las explotaciones y asegurar el relevo generacional.
Además, es un servicio con competencias muy amplias, que abarcan desde la creación y modernización de regadíos hasta la concentración parcelaria y la gestión del patrimonio agrario de Aragón, por lo que está siendo un gran reto adaptarme con rapidez a las necesidades del sector optimizando al máximo los recursos disponibles.
Regadío, modernización y concentración parcelaria. ¿Cuál es la situación actual de cada una de ellas?
En creación de regadíos, el principal objetivo es garantizar las inversiones necesarias para consolidar los proyectos pendientes, tanto en las zonas declaradas de interés nacional, como en los PEBEAs y los regadíos sociales, favoreciendo la cohesión socioeconómica y ambiental del territorio.
En modernización, el reto sigue siendo avanzar hacia sistemas de riego presurizados más eficientes en el uso del agua, e incorporar energías renovables que reduzcan los costes energéticos asociados al bombeo.
En concentración parcelaria, la prioridad es agilizar los procedimientos administrativos, y finalizar las obras pendientes en zonas concentradas, ya que constituyen un paso imprescindible para acometer futuras modernizaciones de regadío.
¿Cuáles son los principales hitos del servicio en cada una de las áreas?
En creación de regadíos, uno de los principales logros ha sido la obtención de fondos europeos para aumentar la capacidad de contribuir en grandes proyectos, como por ejemplo las obras de Valdurrios, cuya finalización está prevista para el próximo año.
En modernización, destaca el impulso de proyectos que incorporan telecontrol, parques solares fotovoltaicos y soluciones técnicas destinadas a reducir el coste energético a las comunidades de regantes.
En concentración parcelaria, se está avanzando en la digitalización de los procedimientos para reducir plazos y culminar los perímetros históricos pendientes.
Respecto al patrimonio agrario, el reto es desarrollar fórmulas que permitan optimizar su gestión, facilitando especialmente el acceso de los jóvenes agricultores a estos recursos.
¿Cómo valora el grado de ejecución de las distintas intervenciones?
El balance es muy positivo, aunque es necesario mantener el ritmo de trabajo. Durante el anterior periodo PDR se ejecutaron con éxito proyectos de regadíos que movilizaron una inversión pública de 157,5 millones de euros.
Además, se ha realizado un importante esfuerzo inversor con fondos propios para la creación de regadíos al amparo del Decreto 79/2017, destinando un total de 134 millones de euros a lo largo de sus sucesivas convocatorias.
En el actual marco PEPAC 2023-2027 se dispone de un presupuesto de casi 57,8 millones de euros de gasto público para nuevas actuaciones de creación y modernización de regadíos y concentración parcelaria, lo que generará una inversión total superior al doble de esa cantidad.
¿Cuáles son las principales dificultades?
En ocasiones, los trámites ambientales prolongan significativamente los plazos de ejecución de las obras.
También el incremento de los costes de construcción y el importante esfuerzo económico que deben asumir las propias comunidades de regantes, suponen un riesgo importante.
Por otro lado, la incertidumbre sobre las intervenciones específicas en relación con el regadío en el próximo marco financiero europeo puede dificultar su planificación.
Los 57 millones de euros probablemente no son suficientes para atender todas las necesidades de Aragón. Desde su experiencia en el PDR y ahora en el PEPAC, ¿qué transformación han logrado estos fondos?
Aunque las necesidades del territorio siempre superan los recursos disponibles, el impacto de estas inversiones ha sido claramente transformador.
La financiación pública, sumada a la financiación aportada por las comunidades de regantes, ha supuesto una importante inversión, con la que se ha logrado que muchas zonas hayan pasado de una agricultura de secano con márgenes reducidos a un modelo más tecnificado, eficiente en el uso del agua y de la energía, y con mayores niveles de rentabilidad, que, en consecuencia, ha contribuido a la vertebración del territorio.
¿Cuáles son las próximas convocatorias previstas?
En el marco del PEPAC se está desarrollando un importante programa de ayudas para impulsar la modernización de las infraestructuras de riego.
Actualmente se encuentra en fase de resolución la convocatoria publicada en 2026, dotada con 22,2 millones de euros de inversión pública, que se suma a la convocatoria de 2024, todavía con algunos proyectos en ejecución y una dotación de 22 millones de euros.
En cuanto a la creación de nuevos regadíos, se está trabajando en las bases reguladoras de una nueva convocatoria vinculada al actual PEPAC. Su publicación está prevista tras la aprobación de la modificación financiera del programa, actualmente en tramitación y prevista para finales de 2026, con una dotación de 20 millones de euros de gasto público.
Esta pieza informativa enmarca dentro del Servicio de Infraestructuras Rurales del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, cuyo presupuesto total para el periodo 2023-2027 es de 67.179.070,67 €.
Parte de dicho presupuesto se debe a la aportación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 (PEPAC), que representa la mejora de la productividad y de la competitividad del sistema agroalimentario como base de la economía y de la generación de empleo rural, la gestión sostenible de recursos naturales y la acción por el clima y el desarrollo territorial equilibrado.
