La incorporación de jóvenes agricultores y agricultoras al medio rural se ha convertido en una de las principales prioridades de las políticas agrarias y de desarrollo rural. En un contexto marcado por el envejecimiento del sector, la despoblación y la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria, el relevo generacional emerge como una cuestión estratégica para el futuro de Aragón.
Los datos de la última convocatoria de ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores, ya resuelta en el marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), confirman que existe interés y voluntad por parte de las nuevas generaciones para emprender en el sector primario. Sin embargo, también ponen de relieve desequilibrios persistentes, tanto territoriales como de género, que condicionan el acceso y la consolidación de estos proyectos.
Según los resultados definitivos, la convocatoria ha permitido la incorporación de 206 jóvenes agricultores y agricultoras, con un importe total concedido de 10,57 millones de euros. Una cifra que respalda la afirmación realizada por Saúl Ramón Avellanas, en una reciente entrevista, cuando señalaba que “todo el que quiere instalarse puede hacerlo”, al menos en lo que respecta a las ayudas de primera instalación.
La distribución territorial de las incorporaciones muestra una mayor concentración en la provincia de Zaragoza, que suma 91 expedientes aprobados y 4,66 millones de euros concedidos. Le sigue Huesca, con 77 jóvenes incorporados y 3,87 millones de euros, mientras que Teruel registra 38 incorporaciones y 2,05 millones de euros. Estos datos reflejan no solo el peso agrario de cada territorio, sino también la diferente capacidad de atracción y estructuración del medio rural aragonés.
El análisis por sexo evidencia que la incorporación al sector sigue estando mayoritariamente protagonizada por hombres. En total, 152 expedientes corresponden a varones, con una ayuda concedida de 7,75 millones de euros, lo que representa cerca del 74 % del total. Por su parte, las mujeres jóvenes suman 54 incorporaciones y 2,83 millones de euros, alrededor del 26 %. Aunque la presencia femenina es significativa, los datos confirman que la igualdad efectiva en el acceso al sector primario continúa siendo uno de los grandes retos pendientes.
La ayuda media por expediente se sitúa en torno a los 51.000 euros, una cuantía clave para facilitar el inicio de la actividad, afrontar inversiones básicas y garantizar la viabilidad de los proyectos durante los primeros años. No obstante, como advertía el propio Saúl Ramón Avellanas, el principal cuello de botella aparece tras la instalación inicial: “en modernización la demanda es mucho mayor que la oferta”. Una situación que limita la capacidad de muchos jóvenes para avanzar hacia explotaciones más competitivas, sostenibles y adaptadas a los nuevos retos tecnológicos y ambientales.
En conjunto, los datos de esta convocatoria reflejan que las políticas de incorporación están cumpliendo su función básica: atraer jóvenes al campo y garantizar el relevo generacional. Sin embargo, también evidencian la necesidad de reforzar las líneas de modernización, facilitar el acceso a la tierra y seguir impulsando medidas específicas que favorezcan la incorporación de mujeres al sector.
La incorporación de jóvenes agricultores no es solo una cuestión económica o productiva. Es una apuesta por el mantenimiento de los pueblos, la fijación de población y la cohesión territorial. En ese equilibrio entre oportunidades y desafíos se juega buena parte del futuro del medio rural aragonés.
