La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, FIMA 2026, ha acogido en Zaragoza la jornada “Análisis y perspectivas acerca de la PAC para el período 2028-2034”, organizada por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Un foro de alto nivel en el que representantes institucionales europeos, estatales y autonómicos han analizado el alcance de la propuesta presentada por la Comisión Europea para la próxima reforma, en un momento decisivo de negociación en Bruselas.
La visión actual pivota sobre tres grandes ejes: un presupuesto que esté a la altura de los desafíos del sector, una normativa clara que preserve la identidad propia de la política agraria, y un modelo de gobernanza que combine cohesión europea y capacidad de adaptación territorial. Y esto es lo que ha abierto un debate de calado entre los distintos agentes que integran la Política Agraria Común. En este escenario, las instituciones europeas, el Estado y las comunidades autónomas están llamadas a redefinir su papel. Entre ellas, Aragón, que durante esta jornada puso sus prioridades sobre la mesa a la hora de orientar el nuevo marco 2028-2034.
El eurodiputado Borja Giménez Larraz situó la financiación como línea roja. “La Comisión Europea ha planteado un escenario de reducción presupuestaria en un contexto de nuevas prioridades como la defensa o la competitividad. Desde el Parlamento Europeo vamos a hacer todo lo posible por mantener una financiación acorde a las necesidades del sector”, afirmó. A su juicio, el carácter comunitario de la PAC debe preservarse frente a cualquier tentación de renacionalización: “La Política Agraria Común tiene que seguir siendo una política europea. No puede dejarse en manos de los Estados miembros ni entrar en los politiqueos de cada gobierno. Lo que queremos es garantizar que todos los agricultores puedan competir en igualdad de condiciones en toda la Unión”.
Giménez Larraz recordó que la propuesta de la Comisión inicia ahora su recorrido legislativo y que “todavía hay margen de maniobra”, ya que debe ser respaldada tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo. En ese proceso, subrayó la importancia de que el Gobierno de España se alinee en la defensa de un presupuesto suficiente y de una PAC con identidad propia.
Desde la perspectiva técnica autonómica, Francisco Domínguez, jefe de Servicio de Programas Rurales del Gobierno de Aragón, incidió en el objetivo esencial de la política agraria: la renta. “La prioridad que no puede faltar en la PAC es la que garantice una renta justa para los agricultores, que les permita mantener una calidad de vida razonable en base al trabajo en su explotación”, señaló. Domínguez explicó que los borradores reglamentarios fueron publicados en julio de 2025 y que la Comisión aspira a cerrar el marco financiero antes de final de año para que los planes nacionales estén aprobados en 2027 y la ejecución comience el 1 de enero de 2028. No obstante, reconoció que se trata de “un calendario difícilmente cumplible”.
Asimismo, advirtió de que el nuevo planteamiento, que integra los actuales fondos en un gran instrumento financiero con planificación nacional, puede diluir la dimensión regional. “Se pierde capacidad de interlocución directa con la Comisión Europea y la perspectiva regional queda desdibujada”, apuntó, si bien confió en que el debate reglamentario permita reforzar ese papel.
Por su parte, el director general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón, Carlos Calvo Gracia, puso el foco en las personas que sostienen el sistema: “La prioridad es que no falten los agricultores. Por mucha PAC que intentemos diseñar, sin ellos no hay política posible”. Calvo insistió en que Aragón debe recibir los fondos que considera necesarios y que estos lleguen “a los perceptores y sectores que más los necesitan”.
Además, reivindicó el peso estratégico del desarrollo rural en la próxima reforma: “Es incluso más importante que los pagos directos. Es donde realmente se hace política agraria, con la incorporación de jóvenes, la modernización, las concentraciones parcelarias o los regadíos”. En su opinión, el segundo pilar es clave para afrontar los retos estructurales de Aragón: relevo generacional, competitividad, sostenibilidad y cohesión territorial.
En un contexto europeo marcado por la simplificación normativa, la integración de fondos y una mayor responsabilidad de los Estados miembros en la planificación, Aragón defiende una PAC que aúne un diseño europeo sólido con una ejecución en la que las comunidades autónomas tengan un papel protagonista, como administraciones más cercanas al territorio.
