La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, FIMA 2026, ha acogido en Zaragoza la jornada “Análisis y perspectivas acerca de la PAC para el período 2028-2034”, organizada por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Un foro de alto nivel en el que se ha situado el desarrollo rural en el centro del debate sobre la futura Política Agraria Común. En un momento en el que la Comisión Europea plantea una normativa más integrada y una planificación de mayor peso nacional, las comunidades autónomas coincidieron en que este segundo pilar no puede perder fuerza si se quiere garantizar cohesión territorial y relevo generacional.
Desde Castilla y León, Ángel Gómez Rivero defendió que las regiones deben conservar una “preponderancia clara” en las intervenciones territoriales. “Las medidas de desarrollo rural están focalizadas en las particularidades y necesidades de cada comunidad autónoma. Han estado cofinanciadas en un porcentaje muy importante por las propias regiones porque persiguen sus objetivos y deben seguir tal y como están”, afirmó.
Entre los retos específicos, subrayó la necesidad de no cerrar la puerta al crecimiento de superficies regables. “El regadío en la Unión Europea está en tela de juicio. Hasta ahora solo se nos permite modernizar para ahorrar agua, pero ese ahorro debe materializarse en un incremento de las superficies regables. El agua es vida y el desarrollo rural depende de ello”, sostuvo. Además, insistió en que “no puede haber sostenibilidad medioambiental sin sostenibilidad económica”, defendiendo un equilibrio que garantice rentabilidad a las explotaciones.
Por su parte, el director general de Política Agraria Común de la Comunidad Valenciana, Ángel Marhuenda Fluixá, remarcó el papel clave de las autonomías en la definición del plan estratégico. “Somos quienes estamos más cerca de los agricultores y quienes conocemos de verdad sus necesidades. Debemos apostar por las políticas que realmente van a dinamizar nuestro medio rural”, señaló.
Marhuenda situó el relevo generacional como prioridad absoluta: “Tenemos más de 500 solicitudes de jóvenes y más de 100 de nuevos agricultores en nuestra última convocatoria. Esta política es básica para luchar contra el abandono rural y fijar población”. Asimismo, destacó el impacto positivo de LEADER y de la modernización de regadíos como herramientas de dinamización económica, subrayando que “la mejor forma de que el medio rural esté habitado es contar con explotaciones rentables”.
Desde Aragón, la posición fue clara y estructural. El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón Gimeno, defendió que las comunidades deben mantener su capacidad de decisión en el nuevo modelo. “No tiene nada que ver la realidad agronómica y social de Aragón con la de otros territorios. Necesitamos planificar de acuerdo con nuestra propia realidad”, afirmó.
Rincón identificó como retos prioritarios el relevo generacional, la consolidación de una agroindustria en crecimiento, la modernización y defensa de los regadíos y el refuerzo de los grupos LEADER como instrumentos de desarrollo local. “El relevo generacional es uno de los grandes desafíos; debemos facilitar que los jóvenes se incorporen y permanezcan en el sector”, señaló.
En ese sentido, el desarrollo rural en Aragón no es una política accesoria, sino la columna vertebral de buena parte de las actuaciones del Departamento. El Plan Estratégico de la PAC financia la mayoría de las líneas gestionadas por la Dirección General de Desarrollo Rural, con un presupuesto de 235 millones de euros cofinanciados por la Unión Europea, el Estado y la Comunidad Autónoma. La prioridad es clara: ejecutar con eficacia, porque detrás de cada medida hay agricultores, ganaderos y profesionales que dependen de esos fondos para fijarse en el territorio.
Especial relevancia tiene el enfoque LEADER, implantado desde los años noventa a través de los Grupos de Acción Local, que en Aragón ha demostrado su capacidad de diversificar la economía rural. El acompañamiento a jóvenes y mujeres, con discriminación positiva en todas las líneas de ayuda permitida por la normativa europea, garantiza proyectos viables en el marco de una estrategia que busca algo más que ejecutar fondos: asegurar futuro.
Por todo ello, el mensaje compartido por las comunidades participantes fue nítido: el desarrollo rural debe evolucionar, sí, pero manteniendo su ambición transformadora. Para Aragón, supone el respaldo de una política territorial en la que el campo no sea visto como un vestigio del pasado, sino como un sector estratégico de la sociedad y la economía.
