El Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023–2027 no es solo una línea de ayudas para Aragón: funciona como una palanca de transformación en el medio local. Su previsión final apunta a una inversión global de 575 millones de euros, dentro de un modelo de financiación que ha contado con reconocimiento expreso de su buena gestión en periodos anteriores. Pero, más allá de las cifras, el plan busca dejar una huella concreta en el territorio: más empleo, más jóvenes incorporados, explotaciones más modernas y una red de iniciativas público-privadas que ha impulsado a la población rural aragonesa.
Ese impacto se mide, sobre todo, en personas. El PEPAC contribuye a la creación de empleos directos, con una presencia muy significativa de jóvenes y mujeres, y facilita la incorporación de jóvenes agricultores gracias a 57,5 millones de euros movilizados en el ámbito sectorial. El resultado no es menor: en un contexto de despoblación y relevo generacional frágil, el plan ayuda a sostener una actividad que de otra forma sufriría consecuencias difíciles de revertir.
En este contexto, existen varias iniciativas que resultan decisivas para lograr los objetivos propuestos. Arrocera del Pirineo representa una de esas apuestas, buscando convertir el conocimiento en valor añadido para el territorio. José Vicente Murillo, presidente de la cooperativa, explica que el proyecto “investiga sobre técnicas de cultivo y comportamiento del arroz para mejorar decisiones y afinar el modelo productivo”. La información es poder, dice, y gracias a ello ya se han podido prevenir daños de plagas mediante métodos respetuosos con el medioambiente.
Por su parte, David Pérez, presidente de la Comunidad de Regantes de Binéfar, muestra el otro rostro del desarrollo de grandes extensiones de terreno: “la modernización del regadío ha permitido pasar del riego a manta a una gestión presurizada y controlada, con ahorro de agua, menos tiempo de trabajo y la posibilidad de organizar el riego incluso desde el móvil. Esto antes requería de pasar el día entero en el lugar sobre el que se iba a actuar”.
En Los Monegros, Félix Ballarín se dedica a una iniciativa que nace de la colaboración y de la apuesta por un modelo productivo distinto. Hace un cuarto de siglo, cuando la agricultura ecológica apenas tenía recorrido comercial y exigía aprender casi a ciegas, la necesidad de unir esfuerzos llevó a los socios a fundar la cooperativa La Sazón. Lo que comenzó como una red informal de intercambio de productos entre huertas acabó convirtiéndose en una organización común capaz de gestionar hasta 115 variedades de hortalizas al año. En ese camino, las ayudas son útiles, pero, como subraya Ballarín, “lo esencial sigue siendo que el plan de negocio funcione por sí mismo”.
El capítulo de la colaboración público-privada a través de los fondos LEADER completa el retrato de un PEPAC que trasciende las actuaciones aisladas. Según Nacho Robredo, uno de los beneficiarios y gerente de Queso d’Estrabilla, este plan ha dado la posibilidad a pequeños empresarios para poder empezar su proyecto “y acelerar una evolución que, sin ese empuje, habría sido mucho más lenta”.
Esa orientación refuerza una idea que atraviesa todos los testimonios: cuando las políticas públicas se diseñan desde el territorio y para el territorio, el resultado no es solo una ayuda puntual. El Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023–2027 ya ha ayudado a cubrir las necesidades de varios proyectos de vida que explican mejor que cualquier balance administrativo por qué el campo sigue siendo una cuestión de Estado. Ha demostrado que conservar, producir y habitar el territorio no son objetivos contrapuestos. Son, precisamente, las condiciones para que Aragón siga teniendo futuro en sus pueblos.
